Dictadura en Nicaragua: Ortega se acerca a los 20 años en el poder, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos
En noviembre, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumplirá 80 años de edad, 30 de los cuales los celebró en el poder. De ellos, 17 fueron “gobernando desde abajo”, 7 como prisionero en sus años de revolucionario, y 4 entre la clandestinidad y el exilio como guerrillero.
Actualmente, está cursando su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, apoyado en China, Rusia, Venezuela y Cuba, y aislado de Estados Unidos y la Unión Europea, que sancionaron a su mujer y a sus hijos.
Ortega se encuentra en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990. El líder sandinista podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.
Se impuso en noviembre del 2021 por última vez, en unas elecciones en las que no participaron sus principales rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro, la favorita, según las encuestas.
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En reacción, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que aseguraba que esos comicios carecieron de “legitimidad democrática” y no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes.
En tanto, Estados Unidos calificó la elección de “pantomima”, y la Unión Europea de “fake”. Por si fuera poco, la comunidad que reúne a países del Viejo Continente impuso sanciones a allegados de Ortega desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el Gobierno de Ortega, que las neutralizó a la fuerza y dejó cientos de muertos y detenidos y miles en el exilio.
Una actualidad complicada en Nicaragua
Nicaragua atraviesa una crisis política y social que ya data de más de siete años, aunque se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.
En la actualidad, diversos organismos defensores de los derechos humanos y de oposición se encargan de denunciar constantemente el encarcelamiento de núcleos familiares enteros por ser disidentes o críticos con el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El régimen Ortega-Murillo convierte el encarcelamiento en un castigo colectivo”, señalaron esas organizaciones, que advirtieron de que “muchas detenciones ni siquiera se denuncian públicamente, porque las familias temen represalias”.
Esos organismos exigieron la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, que suman al menos 73, y el fin de las desapariciones forzadas en Nicaragua.
Ciudadanos detenidos ilegalmente en Nicaragua
En los últimos dos años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó la detención de ciudadanos sin informar a sus allegados ni reconocer oficialmente su arresto. Al menos dos de los desaparecidos fueron devueltos a sus familias sin vida, lo que incrementó el temor y la angustia entre quienes buscan a sus seres queridos.
La nueva táctica del régimen sandinista consiste en arrestar a opositores sin dejar rastro en los registros judiciales ni brindar información sobre su paradero.
Organizaciones de derechos humanos documentaron cerca de 35 casos en los que las autoridades nicaragüenses negaron cualquier información sobre los detenidos. De los 73 prisioneros políticos reconocidos oficialmente, casi la mitad no figura en ninguna base de datos pública de los tribunales, y sus familias desconocen los cargos que se les imputan. Los familiares recorren sin éxito cárceles y comisarías, enfrentando largas esperas y respuestas evasivas.
Entre los desaparecidos se encuentran líderes comunitarios, docentes, periodistas, pastores y miembros de pueblos indígenas. En al menos cinco familias, varias personas fueron arrestadas simultáneamente, y muchos de los detenidos son adultos mayores o padecen enfermedades crónicas.
